Democracia, soberanismo y derecho a decidir

Miércoles 19 de marzo de 2014, por Mar

Jaime Pastor y Miguel Urbán, Profesor de Ciencia Política de la UNED e Historiador respectivamente

A medida que se está comprobando que la decisión del Parlament catalán de convocar una consulta sobre su futuro sigue adelante, la beligerancia desde gran parte de los medios de comunicación y los principales partidos de ámbito estatal se intensifica apoyándose en una permanente referencia a un fundamentalismo constitucional, generalmente acompañado de una mitificación de la “Transición”; en argumentos primordialistas que se remontan a un remoto pasado (como también lo hacen sectores significativos del nacionalismo catalán) o, en fin, en que se quedarían fuera de “Europa”.

Esas respuestas revelan una torpe ceguera ante una realidad incuestionable: sea cual sea la interpretación histórica y al margen de lo que digan la Constitución o, en el futuro, la UE, hoy en Catalunya no es únicamente el segmento de la ciudadanía que se siente solo o principalmente catalán el que está reivindicando el derecho a decidir sino que lo son también muchos otros que, aun sintiéndose catalanes y españoles, han llegado a la conclusión de que la relación con el Estado español ha llegado a un bloqueo tal que hace imposible estar juntos en las condiciones actuales. Consideran, por tanto, que es necesaria esa consulta para replantearse las mismas bien mediante la constitución de un Estado independiente (que para muchos y muchas catalanas debería ser una República catalana), bien a través de una fórmula federal abierta, de Estado libre asociado o confederal; obviamente, esto último, de salir mayoritariamente, obligaría a una reforma constitucional y al consiguiente referéndum a escala estatal, algo a lo que se niega resueltamente la derecha española.

Ante este panorama una parte significativa de la izquierda social y política española comparte las críticas al nacionalismo excluyente del PP e incluso reconoce algún déficit en el proceso que condujo a la elaboración de la Constitución del 78, pero no por ello considera que debe defender el reconocimiento del derecho a decidir de Catalunya y solo asumiría una propuesta federal tímidamente plurinacional mediante una reforma constitucional. Este sector –incluso el que ha sido corresponsable de los recortes, como es el caso del PSOE- aduce ahora que lo principal es la lucha contra la desigualdad social y los recortes, mientras que descalifica la demanda catalana por el hecho de que sea Artur Mas quien pretende estar a la cabeza de esa reclamación. Ignoran (¿deliberadamente?) que aun siendo cierto que la fuerza política que representa Mas gobierna actualmente en esa Comunidad y también se ha caracterizado por aplicar una dura política de recortes, es todo un movimiento transversal a la sociedad catalana, con una pluralidad de corrientes y propuestas –también contra los recortes-, el que está en pie y no va a ceder en su presión a favor de la consulta del próximo 9 de noviembre. Son ese movimiento y esa demanda, que cuestionan la cultura política heredada de la “Transición”, los que han dejado obsoleta la dinámica pactista y funcional al régimen, en cuyo marco había actuado hasta ahora CiU en sus relaciones con el PSOE y el PP. No sorprende, por eso mismo, que una parte significativa de la burguesía presente en esa Comunidad esté distanciándose de Mas.

Pero lo peor es que esa izquierda española y, sobre todo, muchas gentes de abajo–incluso entre el conjunto de activistas vinculados al 15M, a las mareas y a las luchas feministas, obreras o vecinales ahora en curso- no acaban de comprender que esa demanda del derecho a decidir tiene mucho que ver con las que ellos y ellas están reclamando frente a la Troika y a un régimen en profunda crisis de legitimidad, con mayor razón ahora que gobierna el PP ultraneoliberal y ultraconservador de Rajoy. ¿Acaso exigencias como referendos vinculantes, derogatorios o revocatorios no han sido reivindicaciones del 15M? ¿O consultas como las organizadas en Madrid sobre la privatización del agua o la sanidad no lo han sido de las mareas? ¿No están reclamando muchas mujeres su derecho a decidir sobre su propio cuerpo frente a un gobierno que se lo niega? Se nos dirá que no se trata de lo mismo pero no es así: es una reivindicación de democratización de la política en torno a distintas demandas la que se está compartiendo frente a quienes tienen miedo a que sean los pueblos los que decidan. Por eso mismo estamos convencidos de que la celebración de la consulta del 9 de noviembre en Catalunya, de llevarse a cabo, supondría una brecha abierta en este régimen y un estímulo para que no sólo allí sino en otros lugares del estado se abrieran nuevas oportunidades para avanzar hacia una “democracia real” frente al despotismo austericida y neocentralista que se nos quiere imponer. La posibilidad de iniciar proceso(s) constituyente(s) desde abajo también podría aparecer en ese contexto como algo viable y factible.

Existe también gente amiga que apuesta por un nuevo “patriotismo” español, pretendiendo así trasladar miméticamente experiencias relativamente exitosas en América Latina sin tener en cuenta las notables diferencias históricas y geopolíticas ni, sobre todo, su deseada rehabilitación de ese concepto sin una previa denuncia del papel opresor que el nacionalismo español ha ejercido dentro de su propio Estado sobre otros pueblos. Recordando lo que dijera Joaquim Maurín en el Ateneo de Madrid el 8 de junio de 1931 (“Creemos que Cataluña debe separarse, pero no de España sino del Estado. Cuando Cataluña, Vasconia y Galicia se hayan lanzado sobre el estado, entonces se reedificará la auténtica unidad nacional”), estos “patriotas” españoles deberían reconocer que la única vía para reconstruir una idea nacional-popular de lo español pasa por el respeto previo al derecho a decidir su futuro de quienes no se sienten reconocidos en pie de igualdad dentro de este Estado.

Hay, en fin, quienes responden diciendo que está bien que en Catalunya, Euskal Herria o Galiza se reivindique el derecho a decidir, pero que ésa es su tarea. En el resto del Estado lo que correspondería, en su opinión, es centrarse en otras cuestiones puesto que no existe ese “problema”. Olvidan que no solo este tema está en el centro de la agenda política en todo el Estado sino que, además, esos pueblos necesitan voces que hagan toda la pedagogía posible para contrarrestar el discurso hegemónico –político y mediático- que se resiste a reconocer otras identidades nacionales diferentes de la española y que amenaza con la confrontación -e incluso la suspensión de la precaria autonomía, hoy ya amenazada por el chantaje del pago de la deuda- con la mayoría de la sociedad catalana.

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